“Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, quitar los chicos a sus padres adoptivos.” El párrafo fue escrito por Elliot Abrams, de la oficina de derechos humanos de la Subsecretaría de Estado norteamericana. Figura en uno de los documentos desclasificados por los Estados Unidos en 2002 que fue publicado en ese momento por Página/12. Se trata de una prueba de la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos, ya que demuestra que el dictador Reynaldo Bignone estaba al tanto del “tema” de los niños apropiados y se negaba a devolverlos a sus familiares para no “quitar a los chicos de sus padres adoptivos”. La periodista de Página/12 Victoria Ginzberg declaró ayer en el juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6 y, además de ratificar el contenido de las notas publicadas en 2002 por este diario, profundizó acerca de las menciones a los niños desaparecidos que hay en los papeles del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Uno de los documentos utilizados en la nota titulada “El embajador y el plan sistemático”, del 23 de agosto de 2002, por la que fue convocada la periodista, da cuenta de que el 3 de diciembre de 1982, a la una del mediodía, el por entonces embajador argentino en Estados Unidos, Lucio Alberto García del Solar, se reunió con Abrams en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carlton de Washington. “Había dos temas principales, la certificación (una especie de certificado de buena conducta) y la cuestión de los desaparecidos”, apuntó el funcionario estadounidense al elaborar el memorándum en el que relató el encuentro.
Luego del análisis político, Abrams introdujo el tema de los niños desaparecidos. En este asunto, obtuvo la simpatía personal de García del Solar pero el rechazo oficial del Gobierno, encarnado en el canciller –que por ese entonces era Juan Ramón Aguirre Lanari– y en quien ocupaba la usurpada presidencia, Reynaldo Benito Bignone.
“Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia o por una comisión que incluya a la Iglesia, doctores, etc. Las acciones respecto de estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de acuerdo y que tocaría este punto una vez más con Buenos Aires”, prosigue el documento. El papel contiene un par de párrafos que aún permanecen ocultos, ya que el gobierno norteamericano no autorizó su difusión completa. Como podría contener información sensible para el proceso que llevan adelante los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Luciano Hazan y Alan Iud, pidieron que se solicite la difusión completa de dicho documento.
En agosto de 2002, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó 4677 cables sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en la Argentina. La apertura de esos archivos había sido solicitada dos años antes por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Centro de Estudios Legales y Sociales durante una reunión con la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright en Buenos Aires. Uno de los aportes de esos papeles fue mostrar que lo que los militares callaban y aún ocultan en público, lo admitían sin tapujos hace 30 años ante funcionarios de la embajada norteamericana.
– Otros cables del Departamento de Estado citados en la nota publicada el 23 de agosto de 2002 y mencionados por la periodista de Página/12 durante su testimonio describen que en el año 1978 los funcionarios norteamericanos eran escépticos sobre la posibilidad de que los militares argentinos llegaran al punto de secuestrar niños o apropiarse de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. “Nosotros sabemos que el gobierno argentino cree que los adolescentes son capaces de actividad terrorista y que hubo arrestos de adolescentes. (…) Miembros del gobierno declararon a miembros de la embajada que las operaciones no podían estar limitadas por la edad porque un grupo de adolescentes impresionables es un área fértil para la penetración de terroristas y subversivos. Se reportaron un número de casos de adolescentes desaparecidos. Creemos que fueron estos elementos los que originaron las declaraciones sobre chicos desaparecidos”, se asegura en un documento del 29 de septiembre de 1978.
El tiempo les fue demostrando que estaban equivocados. Durante 1979 se fueron incrementando las denuncias que recibían vinculadas a los niños desaparecidos. En un cable de enero de 1979 se mencionan 22 hechos, entre casos de adolescentes y niños pequeños, como Amaral García, de tres años, Pablo Menna, de dos, y Simón Riquelo, de 20 días. Dos meses después, aparece entre los papeles de interés del Departamento de Estado un informe de Amnistía Internacional de marzo de 1979 en el que se habla no sólo de niños desaparecidos sino también de posibles apropiaciones de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. “Hay reportes no confirmados acerca de que a chicos secuestrados les fueron dadas nuevas identidades y enviados a adopción. Otro grupo de mujeres, que se hicieron conocidas como Abuelas de Plaza de Mayo, están buscando nietos que nunca vieron. Las Abuelas sólo saben que sus hijas o nueras estaban embarazadas cuando desaparecieron”, señalaba el organismo de derechos humanos antes de mencionar los nombres de las mujeres que podían haber dado a luz cuando estaban secuestradas, como Liliana Fontana, Silvina Parodi, Beatriz Recchia, María Claudia García Irureta Goyena, Ana María Lancillotto, Mónica María Lemos, entre otros.
– Según se desprende de otro documento, diecisiete días antes de la reunión entre Abrams y García del Solar, las Abuelas de Plaza de Mayo se habían reunido con funcionarios del Departamento de Estado. María Isabel Mariani –por entonces presidenta de la institución– y Estela de Carlotto –vicepresidenta (aparece como Carloti en el papel)– explicaron el 15 de noviembre de 1982 “que representaban a 117 abuelas cuyos 110 nietos fueron secuestrados con sus padres desaparecidos o que nacieron durante la detención de sus padres”. “Dijeron que hay probablemente 400 niños desaparecidos, pero que otros abuelos tienen miedo de denunciar. Las Abuelas no pudieron obtener ninguna respuesta del gobierno argentino sobre sus nietos. Agregaron que están convencidas de que sus nietos están vivos y que la mayoría están ya ubicados con padres adoptivos.” Finalmente, está el memo de la reunión entre Abrams y García del Solar. Allí ambos dan por sentado que los niños fueron secuestrados, que fueron entregados a “familias adoptivas”, y el embajador informa que el dictador Bignone se resistía a la propuesta del funcionario norteamericano que consistía en dar al tema una “salida humanitaria” (es decir devolverlos a sus familias) con intervención de una junta médica o de la Iglesia. Como es sabido, los represores argentinos no entregaron a los niños buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. En estos 34 años el organismo de derechos humanos logró que 105 niños, hoy jóvenes, recuperaran su identidad. Aún quedan 400 casos sin resolver.
Los documentos del Departamento de Estado en los que se hace mención a las Abuelas y al encuentro entre Elliot Abrams y Lucio García del Solar.
Tomás Crowder-Taraborrelli 